La corrupción, es un fenómeno muy antiguo, pero poco entendido y estudiado hasta hace pocos años, se ha convertido en un tema central del campo académico, del mundo político, de las instituciones multilaterales de crédito y de los organismos que conforman el sistema de las Naciones Unidas. Entre los analistas hay consenso en señalar que afecta particularmente a los países en desarrollo, a las poblaciones más vulnerables, conduce a una inadecuada asignación y limita las posibilidades de crecimiento.
La más simple y popular definición de corrupción es la usada por el Banco Mundial: el abuso de autoridad pública para conseguir un beneficio privado, entendiendo que el beneficio privado no esta limitado al beneficio individual sino que se puede extender a terceros, como en los casos del facilismo o el amiguismo, entre otros.
Pero este mal no solo ataca al sector público sino que se extiende al sector privado. Existen casos de corrupción en los que participan, de una parte, agentes privados, tales como empresarios-nacionales o extranjeros-intermediarios, lobbystas y ciudadanos en general y, de otra, agentes públicos, funcionarios del Estado con las facultades, entre otras, para otorgar licencias, permisos, contratos, cargos públicos y otro tipo de decisiones políticas, ubicados en diferentes eslabones de la cadena jerárquica y, por tanto, con variados niveles de discrecionalidad, quienes en determinadas circunstancias ofrecen y/o demandan sobornos, para obtener diversos tipos de beneficios, de cuerdo con intereses particulares.
Según estudios empíricos ampliamente documentados a nivel internacional, un país puede perder hasta un 5 % de la inversión potencial bajo un clima de alta corrupción, lo que a su vez determina la pérdida de medio punto en la tasa anual de crecimiento del PBI per capita potencial.
En este nuevo contexto de la corrupción, en el que existe un nexo entre lo público y privado nuestro país requiere establecer un nuevo enfoque de la anticorrupción que considere transparencia tanto a nivel público como privado con una reforma legal que establezca mecanismos de control y sanción a los privados.
La más simple y popular definición de corrupción es la usada por el Banco Mundial: el abuso de autoridad pública para conseguir un beneficio privado, entendiendo que el beneficio privado no esta limitado al beneficio individual sino que se puede extender a terceros, como en los casos del facilismo o el amiguismo, entre otros.
Pero este mal no solo ataca al sector público sino que se extiende al sector privado. Existen casos de corrupción en los que participan, de una parte, agentes privados, tales como empresarios-nacionales o extranjeros-intermediarios, lobbystas y ciudadanos en general y, de otra, agentes públicos, funcionarios del Estado con las facultades, entre otras, para otorgar licencias, permisos, contratos, cargos públicos y otro tipo de decisiones políticas, ubicados en diferentes eslabones de la cadena jerárquica y, por tanto, con variados niveles de discrecionalidad, quienes en determinadas circunstancias ofrecen y/o demandan sobornos, para obtener diversos tipos de beneficios, de cuerdo con intereses particulares.
Según estudios empíricos ampliamente documentados a nivel internacional, un país puede perder hasta un 5 % de la inversión potencial bajo un clima de alta corrupción, lo que a su vez determina la pérdida de medio punto en la tasa anual de crecimiento del PBI per capita potencial.
En este nuevo contexto de la corrupción, en el que existe un nexo entre lo público y privado nuestro país requiere establecer un nuevo enfoque de la anticorrupción que considere transparencia tanto a nivel público como privado con una reforma legal que establezca mecanismos de control y sanción a los privados.
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